La teoría de la justicia indica
que todas las personas cuentan con unos derechos naturales que deben ser
protegidos por la sociedad y que todos debemos actuar teniéndolo presente y
respetando en todo momento dichos derechos naturales. Asimismo se plantea que
la justicia consiste en tratar a las personas de modo que se asegure que todos
obtengan lo que merecen en cada situación. Esto implicaría en primer lugar, que
todos tengan la oportunidad de conseguir un premio justo por los esfuerzos que
realizan, y en segundo lugar, que las consecuencias de los hechos en una
determinada situación deben ser repartidas a todas las partes en proporción a
su responsabilidad. Pero cuando esto se pone en práctica en la realidad,
ocurren algunos problemas.
En este caso tenemos dos acciones
y dos problemas distintos los cuales separaremos para efectos del caso. Por un
lado, tenemos que los Zevallos no permitían que el poder Judicial desempeñe su
labor efectivamente mediante sobornos y favores, y por otro lado, tenemos que
Aerocontinente eliminaba a su competencia al fijar precios depredadores. Cada
uno de estos casos tiene probablemente a los mismos involucrados, sin embargo,
no son las mismas situaciones ni los mismos derechos. En el primer caso tenemos
que los derechos de los competidores de tener una defensa legal y de ser
escuchados y defendidos en un tribunal del Estado no se cumplió. Esos derechos
fueron vulgarmente pisoteados y los Zevallos, específicamente Lupe Zevallos,
fueron los responsables de ellos. Si los derechos hubiesen sido respetados los
demandantes hubiesen sido debidamente representados y defendidos por las leyes
del Perú.
En el segundo caso, tenemos que
la competencia de mercado de transporte aéreo no fue en una situación de
oportunidades equitativas (ceteris paribus). La práctica por la cual
Aerocontinente se hizo conocida fue la depredación de precios (precios al
cliente por debajo de su costo). Con esta estrategia fueron capaces de “obligar”
a todos sus competidores a retirarse del mercado en menos de 4 años, dejándoles
de esa manera el monopolio de la aeronáutica peruana. En este caso, la
competencia fue directamente atacada por una estrategia de precios penada por
las leyes a lo largo del mundo para promover la competencia leal. Por ello, Aerocontinente
tenía una ventaja significativa y podía subsistir con estos precios gracias a
los ingresos provenientes del narcotráfico. En esta situación, los derechos de
los competidores de tener una libre competencia fueron totalmente ignorados y
en consecuencia tuvieron que retirarse del mercado dada la posición que ocupaba
la aeronáutica peruana. Estos derechos que no fueron respetados en un primer
momento, se podrían haber respetado simplemente no poniendo precios predatorios
y respetando las leyes de libre competencia para que todos tengan las mismas
oportunidades en el mercado.
La segunda situación que se
analizará según la teoría de la justicia es la que está relacionada con el ente
judicial del país. Como hemos visto antes, los Zevallos estaban enjuiciados por
muchas personas alegando distintos motivos, siendo el principal, los precios predatorios.
Estas denuncias y otras más no se procesaban y se postergaban año tras año por
maniobras fraudulentas de parte de los Zevallos como coimas, viajes gratis,
favores, etc. Con estos “incentivos”, el poder judicial accedía a descartar las
denuncias y hacer oídos sordos a cualquier comentario con respecto a su nefasta
administración. Lo negativo de este caso en específico, es que este ente debería
ser el que protege a sus ciudadanos, y al caer en el juego de los Zevallos, no
quedaba un organismo gubernamental para proteger los intereses del pueblo y la
competencia. Recién cuando en chile se le acusa y sanciona por lavado de
activos, comienza el problema.
Diana Cancino
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